Los funcionarios envían al Gobierno 5.000 pruebas del recorte de servicios sanitarios de Muface

Los recortes de Pedro Sánchez ya han comenzado. Y los funcionarios han sido unos de los primeros en experimentarlo en sus servicios sanitarios. Muface, la gran mutua de los empleados públicos, ha recortado su asistencia a los funcionarios tras firmar un convenio de financiación con el Gobierno en el que no se ha compensado por los gastos del Covid. El resultado es visible: reducción del servicio y de los especialistas médicos. Los grandes sindicatos han presentado ya 5.000 pruebas de los recortes en la atención sanitaria.

“El 50 por ciento de los funcionarios han sufrido recortes en su prestación sanitaria sin previo aviso”, señala el gran sindicato de la función pública, CSIF. Esta formación, junto con Jupol y Jucil preparan, de hecho, acciones jurídicas para denunciarlo y convocarán una concentración el próximo 18 de abril a las 12:00 frente a la Dirección General de Muface para protestar por el inicio de los recortes de Sánchez.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, Jupol, sindicato mayoritario en la Policía Nacional y Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, han entregado ya al Defensor del Pueblo 5.000 quejas por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado (Muface), de la Justicia (Mugeju) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España.

Estas quejas también se entregarán a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios. Igualmente, tanto CSIF como Jupol y Jucil estudian, en paralelo, acciones jurídicas ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos, y convocarán protestas para revertir esta situación. La causa: “Se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal, como consecuencia de la infrafinanciación por parte del Estado”, como destaca CSIF.

A lo largo del último mes, las tres organizaciones sindicales, han recogido más de 5.000 encuestas donde se ha constatado que en provincias de toda España se ha producido una pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial.

Según los datos recabados de esas encuestas, el 50% de los funcionarios han sufrido ya recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria. Asimismo, un 14% ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. En la misma línea, el 25% de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección del covid.

Las situaciones más recurrentes son la pérdida de médicos y especialidades en localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las Urgencias durante los fines de semana.

El CSIF señala, por su especial relevancia, las quejas recibidas por parte de pacientes oncológicos que, a partir de ahora, y sin previo aviso, no podrán ir a sus revisiones médicas en sus centros habituales. En muchos casos, estos cortes en el servicio oncológico se ha producido después de años siendo tratados por el mismo equipo médico. Desde CSIF exigen que se busquen soluciones urgentes por las incertidumbres que generan este tipo de cambios en el seguimiento de la enfermedad.

Desde CSIF reclaman también “a las mutuas que tomen cartas en el asunto, asuman su responsabilidad e informen con transparencia sobre las personas afectadas por estos recortes”. Asimismo, solicitan que “se amplíe el plazo para poder cambiar de aseguradora sanitaria. De hecho, el 80 por ciento de los encuestados reclama esta posibilidad”.

“En definitiva, reclamamos a las mutualidades que se interesen por las personas afectadas y que, a la vista de las limitaciones presupuestarias, valoren la posibilidad de modificar el concierto para que los mutualistas reciban una prestación asistencial adecuada”, añaden desde CSIF.

Pacientes oncológicos

En el caso concreto de los pacientes oncológicos, el sindicato ha exigido que se concreten los siguientes datos: el número de personas atendidas en 2021 y, de ellas, cuántas siguen en tratamiento; y que se concrete cómo se realizará un seguimiento efectivo de las personas que, a día de hoy, no están en tratamiento, pero requieren de revisiones.

Estos recortes tienen lugar tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre Muface y las aseguradoras sanitarias, tal y como informó OKDIARIO. CSIF advirtió ya entonces de que estaría vigilante ante posibles reducciones en los cuadros médicos y en la calidad en la asistencia, dado que el Gobierno no ha revertido en el concierto los gastos extra afrontados durante la pandemia.

Y es que los recortes de Pedro Sánchez en el sistema de asistencia sanitario de Muface a los funcionarios ya han comenzado a dejar su huella. El Gobierno ha renovado el concierto sanitario con una clara insuficiencia de fondos en pleno Covid y la respuesta de las empresas encargadas de prestar el servicio sanitario a los funcionarios ha sido la esperada: recortes en los centros, especialistas y servicios. Y el de oncología se ha llevado la palma. La falta de financiación por parte del Gobierno ha reducido la oferta de servicios en Oncología y medicina familiar. Es un hecho, tal y como ya publicó este diario.